En estos días hemos convulsionado escuchando unos audios de un Ministro de Fomento y Secretario General del PSOE, otro Secretario General del PSOE y un... (defínalo el lector) en los que nos debe hacer reflexionar sobre la catadura moral de nuestros representantes públicos.
La culpa no es de ellos, eran así antes de entrar a formar parte del Gobierno de España o de la cúpula del partido de turno, la culpa es de quién los puso ahí y, casi seguro, los colocaron ahí porque sabían cómo eran y cómo se iban a comportar. Como se suele decir:
"Poner a la zorra a cuidar de las gallinas."
Y los responsables de todo esto (que no son otros que los que los nombraron y, muy probablemente, a sabiendas) con echarlos del partido y decir que ya no forman parte del mismo, se dan por satisfechos. Con pedir perdón piensan que es suficiente. Con decir yo no sabía nada (que hay que tenerlos cuadrados) van sobraos para que la gente siga tragando. Y algo de eso hay, porque seguimos tragando y esperando que el que llegue a sustituir a los que están no nos roben mucho y hagan algo por nosotros. Nos conformamos. O algo peor, que se quiten estos y que se pongan los nuestros que, aunque roben, nos irá mejor que con estos.
Hace muchos años, los políticos nos ganaron por goleada, cuando admitimos que los representantes públicos no tenían por qué ser ejemplares, que bastaba con que no fueran condenados en firme. Recuerdo la primera dimisión de un Presidente de Comunidad (Demetrio Madrid-PSOE) que, al fin y a la postre, resultó absuelto de los cargos que se le imputaban (¿Quizás el primer caso de "Lawfare" de nuestra democracia?). Pero no nos desviemos de lo esencial, lo importante es que no esperó a ver qué resolvía la justicia sobre su imputación, dimitió porque pensaba que mantenerse en el poder provocaba un gran daño a nuestra democracia. Y qué razón tenía.
De ahí hemos llegado a nuestros días, en los que no tienes por qué dimitir mientras que un juez no te condene en firme. Casi nada, menudo salto - con doble tirabuzón- hemos dado, donde nos cargamos, de un plumazo, la ejemplaridad pública y equiparamos la ejemplaridad exigible a los cargos públicos a la legalidad exigible a cualquier ciudadano. Y no, por mucho que nos empeñemos, no, los cargos públicos no son un ciudadano cualquiera más, son cargos públicos y hay que exigirles ejemplaridad pública. El hecho que cualquier ciudadano pueda ser cargo público no funciona al revés, en que cualquier cargo público pueda comportarse y actuar como cualquier ciudadano.
Mientras esto no nos lo grabemos a fuego, nos seguirán pasando las mismas cosas porque, además, tampoco hacemos cambios significativos como para que no ocurran estas cosas.
Por ejemplo,
- ¿Qué hay de la inexistente democracia interna en los partidos?
- ¿Qué hay de los funcionarios que elaboran o cambian informes "ad hoc"?
- ¿Que hay del Tribunal de cuentas?
- . . .
Hay tantas cosas....
