¿Quién examina a los Abogados del Estado?

No cabe duda que, estudiar una carrera como la de Derecho y, posteriormente, aprobar unas oposiciones a funcionario del Estado Español, no está al alcance de cualquiera y debemos suponer que, aquellos que lo logran, están más que capacitados para hacer bien su trabajo.

Entonces, ¿Por qué cada vez más, el Estado, recibe reveses de los altos Tribunales? ¿Acaso están menos preaparados, que antes, los Licenciados en Derecho que acceden a la función pública?

Ayer, salió la noticia que el Tribunal Constitucional levanta la suspensión de la subasta de medicamentos, que pretende llevar a cabo la Junta de Andalucía, argumentando que el recurso del Gobierno Central, redactado por la Abogacía del Estado, incluía un informe "cuya autoría atribuye al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad".

Pues bien, sin entrar a valorar el contenido del informe lo rechaza por las siguientes cuestiones, que no me resisto a transcribir:

"Sin embargo, el Alto Tribunal considera que en dicho informe "nada en el mismo permite conocer el órgano del que emana ni aún siquiera su carácter oficial", lo que no hace posible tenerlo en cuenta como "valor probatorio"."

   "Carece de firma, fecha, determinación de la autoridad que lo encarga, persona que lo realiza, número de registro o cualquier otro elemento identificador" 

¡Manda Huevos! (con perdón) 

¿Cómo puede la Abogacía del Estado aportar un informe que no se sabe quién lo emite, que no lleva fecha y ni tan siquiera está firmado? ¿Qué valor puede tener dicho documento? ¿Acaso no sabe la Abogacía del Estado que cualquier documento de cualquier administración debe llevar esos aditamentos? ¿Acaso no estaríamos ante una decisión incorrecta, a sabiendas? ¿Será porque la Abogacía del Estado debe obedecer ciegamente a los políticos? ¿Existirá un informe, de la propia Abogacía del Estado, indicando que esa prueba documental no tendrá ninguna validez?

Son tantas y tantas cosas, que uno no se inclina por pensar que los Abogados del Estado estan bien preparados, lo que puede ocurrir es que el poder poítico es demasiado grande para que unos simples funcionarios les hagan frente, aunque sean Abogados del Estado.