lunes, 4 de febrero de 2013

La Gran mentira.

Desde que nos alimentamos bien, y hemos incluido en nuestra dieta del desayuno diferentes casos de corrupción en España, está corriendo una tesis, malvada y perversa, que no es otra que querer equiparar la responsabilidad política a la responsabilidad legal, cuando ambas cuestiones son diferentes, en primer lugar, porque de ser lo mismo no se diferenciarían en su denominación.

En todo momento, en función del lado del que caiga la "corruptela", los del bando contrario, con toda lógica, no hacen más que solicitar la dimisión del político de turno y rogarle que se vaya a su casa. La posición de los propios, no tan lógico, no es otra que solicitar el respeto del acusado y no violar la "presunción de inocencia" y que, hasta que un juez no dicte sentencia (¿firme?), no debe dimitir y hay que respetarlo y no juzgarlo públicamente.

Pues bien, cuando se solicita la dimisión del "presunto" chorizo, especulador, desahogado, etc. no se está solicitando otra cosa que abandone la causa pública, es decir, que se vaya a su casa, que ya no le neecesitamos para que nos represente, ni trabaje para nosotros. Es más, queremos que disponga de todo el tiempo del mundo para trabajar en demostrar su inocencia, de las acusaciones que se le hacen, sin querer que, su posible defensa personal, se pueda ver entorpecida por su "generosa" labor hacia los demás. ¡Que tenga tranquilidad y tiempo!

Por lo tanto, aquellos que reclaman el respeto por la presunción de inocencia que estén tranquilos, que no lo juzgamos y condenamos, que no pedimos que vaya a la cárcel, solo que entendemos que, desde que existan dudas de sus actuaciones, no es necesario que siga representándonos y que venga a ese puesto otra persona. 

¿Acaso eso es una ilegalidad? 
¿Acaso vulnera los principios democraticos? 
¿Les gusta a Uds. que les represente alguien que, parece ser, ha cometido algún delito?

¡A mí, NO!

Creo que, desde que se ha profesionalizado la política, también se está trabajando en la relajación de la ética, manteniéndose -y manteniéndolos, los responsables- en sus puestos, no ya en la comisión de acciones poco morales o éticas, sino aún más, en la imputación por delitos. Y más allá, con sentencias condenatorias hasta que no sean firmes. Pues NO, no podemos admitir este arropamiento numantino de la clase política que se mueve bordeando la legalidad, queremos políticos que estén alejados de la delincuencia y que, ante cualquier acusación infundada, podamos decir con toda tranquilidad ¡IMPOSIBLE!.

Pero para eso, no nos sirven los que tenemos.

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